Requisitos de la Empresa
Para poder solicitar esta línea de financiación, tu empresa debe cumplir los siguientes requisitos
- Ser persona jurídica que cumpla la definición de PYME :
- Menos de 250 personas empleadas.
- Volumen de negocios anual no superior a 50 M€ o balance general anual no superior a 43 M€.
- Tener al menos un establecimiento o sucursal radicado en la Comunitat Valenciana o, sin tenerlo, que el proyecto presentado se destine a instalar en ella su primer establecimiento o sucursal.
- Acreditar en el momento de la solicitud una antigüedad mínima de dos años y contar como mínimo con un empleado o un trabajador autónomo societario. Este requisito no se aplica cuando el proyecto tenga por objeto la implantación de una persona jurídica de nueva creación cuyo domicilio social vaya a ubicarse en la Comunitat Valenciana.
- Contar o estar en disposición de contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución del proyecto.
- Estar al corriente de las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat y de las obligaciones con la Seguridad Social. Las deudas aplazadas, fraccionadas o con ejecución suspendida se consideran al corriente.
- No estar afectado por ninguna de estas situaciones:
- Incidencias con entidades financieras en CIRBE y/o en registros de impagados.
- Fondos propios negativos a fecha del último cierre contable, salvo que se acredite que el desequilibrio patrimonial ha sido subsanado a la fecha de presentación de la solicitud.
- Pérdidas continuadas en los dos últimos ejercicios, salvo que la operación disponga o esté en disposición de obtener aval de AFIN-SGR por el 100 % del valor nominal y los intereses ordinarios.
- Sectores excluidos (según la actividad principal de la PYME):
- Actividades económicas ilegales con arreglo a la jurisdicción nacional.
- Producción y comercio de tabaco y bebidas alcohólicas destiladas.
- Sectores financiero, inmobiliario y de seguros.
- No pueden ser beneficiarias las entidades de derecho público, universidades públicas, organismos autónomos, empresas públicas, sociedades mercantiles públicas (más de la mitad del capital social perteneciente a una Administración pública), fundaciones públicas y sociedades participadas mayoritariamente por éstas.
